Los Aquino y Fuentes hicieron de la junta auxiliar de Quecholac un pueblo donde la muerte cabalga constantemente; apartir de 2010 correría la sangre por los enfrentamientos

Por Mario Galeana  
A Guadalupe Sebastián Fuentes Beristain lo encontraron muerto en un lote baldío de Palmarito Tochapan casi tres meses antes de que el gobierno de Enrique Peña Nieto volteara los ojos hacia esta pequeña comunidad en el municipio de Quecholac, a poco más de una hora de la ciudad de Puebla.
Tenía 36 años. En la nota roja de aquel 10 de enero de 2017 se dijo que habían transcurrido pocos minutos entre el momento en el que salió de casa para ser hallado con el cráneo perforado por las balas.
Hacía varios años que la prensa local no identificaba ningún cadáver con el apellido Fuentes, algo común entre 2009 y 2011, cuando, junto a los Aquino, hicieron de Palmarito Tochapan un pueblo en el que la muerte cabalga sobre el plomo constantemente.









Las autoridades fueron siempre reservadas en cuanto a la información que hacían pública sobre ambas estirpes, pero las versiones indican que las familias fueron, alguna vez, aliadas.
Los primos, las sobrinas y los hermanos de Jorge Aquino, el líder de esta familia, trabajaban codo a codo con los primos, las sobrinas y los hermanos de Roberto Fuentes, el jefe de la otra familia.
El robo en carreteras era una de sus actividades medulares, pero poco a poco, y con los años, se agregaron al catálogo delictivo la venta de drogas, el secuestro, la extorsión telefónica, el acopio y la venta de armas, el tráfico de personas, y hay quienes incluso los responsabilizan por el robo de combustible en la región.
Lo que ocurrió en 2010 fue el epítome de la ola sangrienta que se venía acumulando desde 2008, año en el que supuestamente ambas familias cortaron de tajo su asociación: un Aquino, dicen los reportes periodísticos, asesinó a un Fuentes, quien entonces laboraba como policía auxiliar en la comunidad.
Y la guerra inició. Al cumplirse la primera década del nuevo milenio, al menos cinco personas de ambas familias yacían en la morgue.
El 29 de mayo de 2010 unos 200 integrantes del Ejército mexicano viajaron hasta la comunidad para detener a las cabecillas de ambas familias, pero se hallaron con la resistencia de un pueblo que bloqueó por ocho horas la autopista Puebla-Orizaba a altura del kilómetro 184. Al final, las fuerzas castrenses lograron la detención de 16 personas.
La historia de Palmarito Tochapan parece un círculo delictivo: casi siete años más tarde, ahora en defensa de los chupaductos que operan en la región, otros 500 pobladores de la localidad bloquearían la misma carretera a altura del mismo kilómetro. Casi tres meses antes de que el cuerpo de Guadalupe Sebastián Fuentes Beristain fuera encontrado en un lote baldío con el cráneo hecho pedazos.

El paradero de Los Aquino y la larga cadena de sangre 
Acicalado, camino a casa de su novia, un muchacho de 18 años de edad fue asesinado a tiros el 31 de enero de 2011 en Palmarito Tochapan; su condena, el vínculo sanguíneo.
Su nombre era Sergio Andrade Aquino, y su muerte desató una nueva escalada de violencia en la localidad. Cuatro días después del homicidio, su familia asesinó a Serafín Jiménez Flores y a Humberto Fuentes Ramírez, un par de ramas más en el árbol genealógico de los Fuentes.
Pero, insatisfechos, los Aquino contrataron a un par de sicarios para asesinar a los líderes de la familia opositora mientras se encontraban en una vivienda rezando el rosario. Sin la destreza fulminante requerida para el encargo, los asesinos a sueldo fueron descubiertos y terminaron acribillados en el piso.
Fue entonces cuando Emilio Beristain Fuentes, entonces presidente auxiliar de la localidad, renunció a su encargo alegando motivos de salud.
El entonces secretario de Seguridad Pública en el estado, Ardelio Vargas Fosado, coordinó un numeroso operativo en el que participaron la Procuraduría General de Justicia (PGR) y de la República (PGR), el Ejército y la Policía Federal.
Se detuvieron a 14 personas, pero el supuesto triunfo fue, a la postre, un ridículo: las autoridades sólo lograron comprobar la culpabilidad de uno de ellos y el resto fue liberado.
Se trató de Martín Aquino Flores, quien fue procesado por el presunto homicidio de Roberto Fuentes, cabecilla de su familia. En contraste, hasta hoy no existen reportes sobre el paradero de Jorge Aquino, el sangriento líder de su extirpe, a quien describen como un hombre entrado en años que alguna vez fue policía municipal.
En marzo de 2011, el entonces presidente municipal de Quecholac, Jorge Fernando Osorio, dijo a la reportera Guadalupe Gálvez que, básicamente, los Aquino ya no eran los Aquino, y que los Fuentes tampoco eran los Fuentes.
Se trataba de grupos que justificaban la histórica disputa entre familias para cometer sus propios delitos. Y, desde entonces, no hay certezas, salvo la continuidad de las muertes y la violencia.
A finales de noviembre de 2013 Javier Moisés  Esteban Fuentes y Rodolfo Aquino Fuentes fueron acribillados. El 24 de abril de 2014 la PGJ detuvo a 14 personas de la localidad en posesión de armas de grueso calibre. El 3 de agosto de 2015 se registraron tres balaceras donde murieron dos personas.
El 16 de mayo de 2016 un presunto huachicolero fue abatido a tiros por la Policía Federal. Luis Alberto Navarro Navarro. El 10 de noviembre de ese mismo año los pobladores de Palmarito corrieron a pedradas a un grupo de soldados que realizaba el decomiso de una camioneta usada para robar combustible.
Y el 10 de enero pasado, Guadalupe Sebastián Fuentes Beristain fue encontrado con múltiples disparos en la cabeza, hasta que casi tres meses más tarde, la vida de cuatro militares y seis civiles se apagó en Palmarito.
Las muertes hicieron que Enrique Peña Nieto volteara hacia un pueblo cuya historia respira muerte.
Párrocos en el corredor huachicolero seguirán laborando: arzobispo
Por  Berenice Martínez
Los párrocos del corredor huachicolero seguirán laborando a pesar del clima de inseguridad que se ha registrado en los últimos días, afirmó el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa.
“Los párrocos están al pendiente, seguirán sirviendo a esas comunidades, a esta gente; y no debimos haber llegado a esto. Con tiempo se debió haber solucionado”, sostuvo en entrevista.
El prelado recordó que la Iglesia católica ya había denunciado este tipo de prácticas delictivas en comunidades de los municipios de Tepeaca, Palmar de Bravo, Acajete, Acatzingo, Tecamachalco y  Quecholac.
Posterior a la misa dominical, Sánchez Espinosa consideró que las autoridades federales se tardaron en actuar, pues el presidente de la República, Enrique Peña Nieto hizo un pronunciamiento en contra del delito apenas el pasado 5 de mayo.
Respecto a que si la franja del robo de combustible debe militarizarse, Víctor Sánchez Espinosa opinó que las fuerzas de seguridad deben preservar el orden.